Reforma electoral y desarrollo nacional equitativo.

Abril Gordienko López

Activista cívica

Las demandas de la gente son como el agua: siempre encuentran por dónde brotar. Sin embargo, no todos los sistemas tienen la capacidad de escucharlas y atenderlas. Muchas comunidades pasan años reclamando atención del gobierno, pero puede que “la caballería” nunca llegue.  Cuando la respuesta institucional del Estado es insuficiente, otros actores llenan de alguna forma esos espacios: ONG, iglesias, agrupaciones y políticos oportunistas, y hasta organizaciones criminales.  Como resultado, la desconfianza en el Estado y en la clase política aumenta, se erosiona la paz social y se fertiliza la tierra para el populismo.

En Costa Rica hay grandes disparidades entre las zonas urbanas versus las rurales y costeras. En las regiones Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacífico Central y Brunca, la pobreza multidimensional es mayor y más intensa que en la región Central. Mientras en zonas urbanas el 18.8% de los hogares está en pobreza, en las rurales es el 36.8%; dentro de estas, las que concentran mayor porcentaje de carencias son las Huetar Caribe y Norte, y Brunca.  La escasez y la calidad de las viviendas, el acceso a agua, seguro de salud y redes de cuido, el desempleo, la infraestructura, la exclusión y el rezago escolares, entre otros indicadores, son peores en las regiones periféricas del país. Asimismo, según el Índice de Progreso Social (IPS) a nivel cantonal, 19 de los 20 cantones más rezagados están en áreas costeras o rurales.

La inequidad urbano-rural se debe en parte a la alta centralización de nuestra Administración Pública. Las enormes asimetrías entre los municipios en términos de capacidad de gestión representan un reto para la descentralización, a la vez que la alta centralización de la gestión pública dificulta el desarrollo de las zonas fuera de la meseta central. Adicionalmente, las cabeceras de 4 de las 7 provincias están en la región central, lo que acentúa la citada disparidad.

¿Podría una reforma electoral contribuir a la provisión de políticas públicas que equipare el nivel de desarrollo en todo el territorio nacional? La hipótesis que desarrollo en un artículo publicado en enero en la Revista de Derecho Electoral del TSE, es que uno de los factores incidentes en la desigualdad centro-periferia es el sistema de elección de diputados por lista cerrada provincial, en vigencia desde 1949.

Los ciudadanos no tenemos injerencia ni conocemos a los candidatos que componen las listas cerradas para elegir diputados. Adicionalmente, visto en el contexto mundial, el Congreso de Costa Rica es muy pequeño con respecto a la población, lo que contribuye al alejamiento entre diputados y electores. No es de extrañar que, en los últimos 20 años, el apoyo a la política, los partidos políticos y la Asamblea Legislativa haya disminuido continuamente.

Una vez electos, los legisladores representan a toda la nación; no son responsables ante ninguna circunscripción ni electorado en particular. Nuestra normativa no exige que los candidatos hayan nacido ni residan en la provincia por la cual se postulan. Muchos diputados no tienen arraigo real en la provincia por la que son electos, lo que socava la representatividad, la responsabilidad política y la rendición de cuentas. Por otra parte, la organización territorial en 7 provincias, concebida hace más de un siglo, es obsoleta para fines administrativos y políticos.

En lo administrativo, las Regiones Socioeconómicas de Planificación se superponen funcionalmente a la división provincial. El único rol de las provincias es el de ser circunscripciones para la elección de diputados, a pesar de que no cumplen con criterios prácticos para la política electoral, como sería la densidad o dispersión poblacional, la presencia de minorías étnicas, el nivel de desarrollo socioeconómico, las peculiaridades geográficas y la superficie territorial. Esta división político-electoral contribuye al distanciamiento entre el electorado y los representantes, y al desfase entre la oferta política y la demanda ciudadana.

Si bien algunas fracciones legislativas discrecionalmente asignan diputados para representar al partido en determinadas regiones de una provincia, al ser discrecional, varios partidos pueden asignar un legislador a la misma comunidad, mientras que otras pueden no tener ningún diputado responsable de atender sus necesidades.

Una consecuencia de todo lo que se ha dicho hasta aquí, es que muchas áreas están históricamente sub-representadas en el Congreso, mientras otras han estado sobrerrepresentadas. El sistema actual genera ciudadanos de 1º, 2º y 3º clase ya que, al ser circunscripciones tan grandes, dentro de las provincias hay comunidades que nunca han tenido un representante que conecte sus demandas con el centro de toma de decisiones de política pública. 16 de los 23 cantones que nunca han elegido un legislador, se encuentran entre los menos desarrollados del país, según el IPS cantonal. El Programa Estado de la Nación concluyó que hay una probable correlación entre el bajo progreso social y la sub-representación política, y viceversa: los territorios menos desarrollados tienen menos capacidad y oportunidad de tener representantes en la Asamblea.

La doctrina especializada ha encontrado correlación significativa entre el desarrollo humano (según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD), la magnitud media del distrito y el contacto con los parlamentarios. Es decir, cuanto más grande es la circunscripción, menor es el contacto de los votantes con sus representantes y más bajo es el nivel de desarrollo.  La reconocida experta Pippa Norris dice que los sistemas mixtos incentivan mejor representación, responsabilidad directa y rendición de cuentas de los legisladores electos por distrito electoral (DE) con su electorado, que los sistemas de listas cerradas.

Adoptar un sistema mixto proporcional (SMP) como el que propone Poder Ciudadano ¡Ya!, junto con un leve aumento del número de legisladores, es una gran oportunidad para mejorar la representación y fomentar el vínculo entre diputados y votantes.  Los diputados por distritos electorales podrían ser agentes de cambio para sus comunidades y complementar a las autoridades locales conectando los DE con la Administración Pública central y, así, ir equiparando el nivel de desarrollo de todo el país.

Por otra parte, la reelección es considerada el más fuerte incentivo para que un diputado de DE se desempeñe bien y se pueda especializar en ciertos temas; por eso el proyecto de Ley nº20127 introduce la reelección inmediata hasta por un máximo de 3 períodos consecutivos.

La adopción del Sistema Mixto Proporcional tiene el potencial de profundizar la democracia, de acercar a los tomadores de decisiones con los receptores de la política pública, de promover representatividad que propicie equidad transversal en términos de desarrollo y progreso social, y de redistribuir el poder de forma acorde con los tiempos y con lo que la ciudadanía reclama.

http://www.tse.go.cr/revista/art/27/gordienko_lopez%20TSE.htm

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