Etapa de renovación democrática

Costa Rica ha llegado a un punto de inflexión en el que casi toda la sociedad siente que las reformas al sistema político –entre otras- son impostergables. No es casual que varios grupos, algunos de bajo perfil y otros formados por gente de reconocida trayectoria política y académica, unos por encargo y otros por iniciativa propia, pero todos con espíritu cívico, estén simultáneamente haciendo propuestas. Estamos debatiendo sobre nuestro futuro y, salvo por algunas biliosas descalificaciones, el nivel del debate está siendo serio y responsable. Me gusta pensar que Costa Rica está viviendo una primavera, una etapa de renovación, de florecimiento de ideas y de oportunidades.
Las sociedades, por naturaleza, son cambiantes. Aún en las democracias más representativas, la legitimidad de sus normas disminuye a largo plazo en la medida en que la sociedad evoluciona y surgen nuevos intereses, necesidades y prioridades. La Costa Rica de 2013 no es la misma que en 1949 dio a luz a la Constitución Política vigente, y si bien en muchos aspectos esa Ley Fundamental conserva eficacia y legitimidad, hoy la realidad desborda la letra y el espíritu detrás de algunas de sus normas. La reforma a nuestro sistema democrático parece inaplazable y, como muchas personas, estoy convencida de que debe empezar por la Asamblea Legislativa, que es el núcleo de la democracia.
El Parlamento, que al igual que los del resto del mundo ha dejado de ser el único foro válido de discusión de los problemas nacionales, tiene un rol vital porque sigue siendo la entidad que existe específicamente para articular los intereses de toda la nación, y cumple encargos de su exclusivo mandato como crear y revocar leyes, emplazar al gobierno, nombrar altos funcionarios (Magistrados, Contraloría, Defensoría y otros), por citar sólo unas de sus responsabilidades. Pero si lo sometemos a examen con los parámetros recomendados por los estudios más serios sobre el tema, vemos que nos queda debiendo. En cuanto al número de representantes frente a las variables de población total, densidad poblacional y nivel de desarrollo del país, descubrimos que nuestro Congreso es muy pequeño y falla enormemente en representatividad, que es uno de los valores esenciales de un cuerpo legislativo. Por otra parte, según el Informe Parlamentario Mundial 2012 de PNUD, los parámetros financieros como el presupuesto del Parlamento per cápita y el porcentaje que representa sobre el presupuesto total del Estado (entre países con población de 1-5 millones), el Congreso costarricense es de los más costosos. Y en cuanto a número de empleados, donde el promedio mundial es de 3.76 por c/diputado, Costa Rica emplea la escandalosa cantidad de 12 por c/diputado, lo cual no está aportando a la eficiencia ni a la representatividad y en cambio eleva los costos de funcionamiento. Es decir, a pesar de que nos cuesta muy caro, nuestra Asamblea no ofrece la representatividad necesaria.
Hay un consenso abrumador sobre el hecho de que nuestro modelo de Parlamento está agotado. El disenso se ha levantado en torno a cómo reformarlo. La crítica a las propuestas sobre el aumento del número de escaños se ha hecho más con base en prejuicios y en el descrédito de las últimas generaciones de diputados, que sobre el conocimiento de las razones que las respaldan. Es necesario raspar la superficie, profundizar sobre esos factores y estudiar cómo revertir la ecuación para lograr mayor y mejor representatividad pero a un costo razonable, donde el dinero se destine correctamente. Más parlamentarios, pero nombrados por un sistema mixto de representación (combinación de lista nacional y distritos electorales que generan cercanía entre representantes y electorado) que permita elevar la calidad de quienes son electos, que trabajen con reglas de eficiencia y transparencia, posibilidad de reelección y de revocatoria de mandato y reducción en la planilla de asistentes, entre otras reformas, deberían mejorar la democracia y el aprovechamiento de los recursos.
La escogencia de un sistema electoral es una decisión trascendental para cualquier democracia, pero usualmente surge como resultado de circunstancias coyunturales, tras algún quiebre constitucional o un dramático suceso histórico. Y una vez instaurado, un sistema tiende a permanecer invariable debido a los intereses políticos que lo rodean y que a su vez se alimentan de él. A pesar del peso que tiene tal decisión en la vida institucional y política de un país, pocos son los casos en que un modelo electoral se ha seleccionado de manera consciente y deliberada, como fruto de un diseño cuidadoso que responda a las condiciones históricas y sociales de la nación.
Uno de los pocos casos es el de Nueva Zelanda, una población semejante en número a la de Costa Rica, que a partir de 1996 reformó el mecanismo de elección de diputados. El cambio se adoptó con el apoyo del 53.9% de los votantes, después de profundas investigaciones, debates y consultas públicas (dos referendos, uno consultivo y otro vinculante). Los neozelandeses pasaron de un Modelo Representativo al estilo Westminster (Inglaterra) a un Sistema Electoral Mixto Proporcional basado en el modelo alemán. En él, cada persona emite 2 votos: uno directo para escoger el representante de su distrito electoral, y el segundo para asignar los escaños restantes entre candidatos propuestos por listas partidarias nacionales; un partido tiene que obtener al menos 5% de los votos para ocupar una curul. El modelo tiene las 2 virtudes más deseables en un sistema electoral: alta proporcionalidad y representatividad. Además, la proporción de mujeres electas se incrementó notablemente desde 1996 y está comprobado que los votantes captaron sin problema cómo usar el nuevo mecanismo.
Este es un excelente ejemplo de que es posible cambiar el sistema de voto planificadamente; asimismo, el modelo originalmente alemán, adoptado por Nueva Zelanda es una opción viable para Costa Rica, con los matices que se le quieran dar de acuerdo a nuestra propia realidad. Discutámoslo junto con otros temas urgentes, en una gran mesa nacional, como ya han sugerido algunos ciudadanos; propongámonos que la primavera de propuestas que estamos viviendo sea fecunda y se concrete en una normativa moderna y eficaz. Se lo debemos a nuestros ilustres antepasados y a las futuras generaciones.

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